El artículo 26 del Plan Nacional de Desarrollo, que está haciendo su trámite para convertirse en ley en el Congreso, dice:

Artículo 26. DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL. En el caso de proyectos de ciencia, tecnología e innovación adelantados con recursos del presupuesto nacional por micro, pequeñas y medianas empresas, centros de investigación o desarrollo tecnológico reconocidos por Colciencias, así como por instituciones de educación básica primaria, secundaria, media o superior, el Estado cederá a las Partes del Proyecto los derechos de propiedad intelectual que le puedan corresponder, según se establezca en el contrato.
Las Partes del Proyecto definirán entre ellas la titularidad de los derechos de propiedad intelectual derivados de los resultados de la ejecución de los recursos del presupuesto nacional.

Esta disposición más allá de otorgarle titularidad a los ejecutores de las investigaciones sobre sus resultados renuncia a que el Estado pueda aprovecharlas en beneficio público a pesar de que se producen con dinero del presupuesto nacional. Es decir abre la puerta a privatizar resultados de investigación que son financiados con recursos públicos, con nuestros impuestos. Además esta disposición copia mal la que desde 2008 tiene Colciencias, digo mal porque al menos esa prevé una licencia gratuita para casos de interés público que en el PND se ignoran (es decir no solo renuncia a decir que lo público debe tener impacto público, sino que además ignora siquiera las excepciones necesarias para el interés público)

El único que parece haber notado esto es el Ministerio de Defensa, la Silla Vacía reporta que ayer este ministerio logró insertar en el artículo 26 la salvedad de que esa cesión no aplica cuando haya “motivos de seguridad y defensa nacional”. Es una lástima que el ministerio de salud no piense lo mismo sobre temas de salud, que el ministerio de educación no caiga en cuenta que las investigaciones en educación pueden ser útiles para sus propios procesos, etc.

Pero, adicionalmente me pregunto yo si realmente TODOS los resultados de las investigaciones son objeto de protección, me pregunto si el Estado puede decidir a priori a quien corresponden… por ejemplo ¿qué pasa cuando el resultado de una investigación tiene que ver con conocimiento indígena?, ¿se puede afirmar en estos casos que los resultados son de quien ejecuta la investigación?

Me gustaría reafirmar que por mucho que me gusta la idea de acceso abierto entiendo que éste tiene límites. En los casos de defensa es claro que el veto no necesariamente es para que los resultados sean en “abierto”, el ministerio lo que se da cuenta es que quien financia puede decidir el destino del resultado… De hecho lo que digo es que independientemente de la titularidad de los resultados las decisiones que adoptan los patrocinadores de investigación sobre acceso abierto como resultado de su financiación no suelen ser “ahora todo es acceso abierto”, lo que suele suceder es que se plantea el acceso abeirto como regla general y se dejan abiertas excepcionesde casos que no deberán ser en acceso abierto (normalmente sujetas a la decisión, al análisis de un comité o autoridad que estudia los casos).

Realmente creo que ese artículo 26 esta totalmente fuera de lugar, que como casi todo en las legislaciones de propiedad intelectual se dibuja como negro o blanco… se olvidan los matices de gris… ¿qué opinan?