Les dejo las columnas de las dos últimas semanas. La de la semana pasada quedó en el impreso pero no sé porqué no la publicaron en el .com… así que esa la dejo completica acá para no perder el acceso digital.

De prácticas políticas

Por ser el único presente, el lobby de la industria terminó posicionando como “natural” el discurso proteccionista comercial de propiedad intelectual de la segunda mitad del siglo XX, que consiguió políticas ajustadas a sus intereses sin autorregularse con argumentos de interés público, porque chocaban con los suyos. (seguir leyendo en El Espectador)

Propiedad intelectual y lo público

La tendencia de reforzar los mecanismos de aplicación de las leyes de propiedad intelectual en las cortes, en las calles, en las fronteras y, últimamente, en Internet es global, en Colombia se refleja hoy en la discusion sobre Ley Lleras.

Efectivamente para proteger a los titulares se fortalecen penas, aumentan tipos penales, disminuyen controles y relajan garantías procesales en general, sin dimensionar como su exceso choca con otros derechos fundamentales y con otros objetivos de política pública estatal.

Ese deterioro de la relación entre propiedad intelectual e interés público fue lo que se discutio a finales de agosto en Washington en la Universidad de América donde se reunieron interesados de más de 32 paises, con el apoyo de diversas instituciones, para redactar y firmar “la Declaración de Washington” (http://infojustice.org/washington-declaration) que pretende resaltar algunos puntos en la búsqueda del equilibrio en esa relaciòn.

De la declaración les propongo reflexionar sobre cómo debe haber una aplicación razonable de la ley defendiendo los titulares, pero también se debe:

– Asegurar que sanciones legales, procedimientos y acciones en este tema sean razonables y proporcionales a los actos infractores objetivo, sin incluir restricciones al acceso a bienes y servicios esenciales (ej. Internet, medicinas básicas o materiales educativos)

– Promocionar modelos proporcionales de aplicación legal que eviten aproximaciones excesivamente punitivas, como indemnizaciones legales excesivas, indebida expansión de la responsabilidad penal y de terceros, o el incremento dramático de autoridad para imponer, aprovechar o destruir mercancías sin controles y garantías adecuadas.

– Asegurar que los países mantengan la capacidad de flexibilizar las medidas de implementación y puedan decidir sobre prioridades de los recursos para política pública en esa aplicación.

– Limitar las obligaciones, derechos y habilidades de los proveedores de servicios para monitorear y controlar a sus usuarios con fundamento en el contenido de tales comunicaciones

– Asegurar que acuerdos y protocolos entre individuos, intermediarios, titulares, proveedores de tecnología y gobiernos relacionados con la aplicación de la ley en Internet son transparentes, justos y claros.

– Asegurar que las autoridades públicas conservan y ejercen una rigurosa vigilancia de funciones críticas en la aplicación legal como son elaboración de políticas, medidas penales y decisiones mediante sentencias.