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El caso del movimiento “Fotocopiando para estudiar” en Costa Rica

Aproximadamente hace 3 años, se comenzó a gestar en Costa Rica, un movimiento estudiantil para abogar por la defensa del derecho a fotocopiar materiales impresos con fines educativos.

El movimiento se denominó “Fotocopiando para estudiar” y aunque está integrado principalmente por estudiantes universitarios, también cuenta con la participación de representantes de empresas dedicadas a esta labor. Juntos decidieron denunciar el contenido de algunos artículos de la Ley 8039 (Ley de procedimientos de observancia sobre Derechos de Propiedad Intelectual).

En una nota publicada el 26 de Octubre de 2009, en el diario El País de Costa Rica, voceros del movimiento afirmaron que “el discurso de los numerales 54 y 58 (prohibición de reproducir y modificar obras no autorizadas) representan una clara señal de represión hacia todas aquellas actividades de fijado o reproducción de obras no autorizadas, en donde se involucren relaciones comerciales destinadas al lucro, tal y como, se ilustra en el diario vivir del conjunto de pequeñas y medianas empresas dedicadas al fotocopiado, en condición de negocios privados (…) Ante esta situación, las excepciones incorporadas a ambos artículos resultan insuficientes para salvaguardar los servicios que las fotocopiadoras prestan a los centros educativos, por cuanto la protección apenas cubre fines académicos e ilustrativos de enseñanza, los cuales corresponden meramente al usuario, dejando excluidos a los proveedores de dicho servicio, quienes son empresarios que en última instancia procuran el lucro y el beneficio para sostener su actividad comercial y  generar el sustento de las familias dependientes del negocio”.

Bajo estas premisas se ha desarrollado “Fotocopiando para estudiar” con el objetivo de velar por los derechos inalienables del trabajo, la educación y la cultura. Vale anotar que las reformas a las leyes de propiedad intelectual aprobadas por el Congreso Costarricense, se hacían en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.

Durante los 3 años que lleva el movimiento, se han generado ininterrumpidamente acciones a favor del acceso a la información, el conocimiento, la cultura y la educación, principalmente con la presentación del proyecto de ley 17342 (Ley para Proteger el Derecho a la Educación frente a los Excesos Cometidos en las Leyes de Propiedad Intelectual), la contrapropuesta a las reformas a la Ley 8039, que se aprobaron en 2009.  Gracias al debate que se generó durante todo este tiempo en torno al nuevo proyecto de Ley, se replantearon algunos términos de la antigua ley, que contemplaba el servicio de fotocopiado como un delito. Finalmente, la Asamblea Legislativa votó unánime a favor del nuevo proyecto de Ley (17342), aprobado en segundo debate, el 20 de Junio de 2012.

Sin embargo, el 9 de Julio de 2012, la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham) y la Cámara de Tecnologías de  Información y Comunicación (CAMTIC) presentaron un comunicado titulado  “CAMTIC y AmCham piden a Presidenta Chinchilla vetar reformas aprobadas a Ley de Propiedad Intelectual”, argumentando tres puntos principalmente:

Violaciones a derechos de autor quedarían sin sanción penal.

Falsificar o piratear software, copiar pinturas o planos arquitectónicos quedan sin sanción penal.

Cámaras reiteran apoyo a ley que permite fotocopiar publicaciones con fines académicos.

En el comunicado, en donde las cámaras piden expresamente a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, vetar el proyecto de Ley 17342, explican que “La razón principal por la cual las cámaras fijan esta posición, es que dichas reformas eliminan las sanciones penales para los casos de violación de derechos de autor, lo que implicaría, por ejemplo, que la reproducción de CDs de música y películas, la piratería o falsificación de software y de creaciones multimedia, copiar una pintura, un plano arquitectónico o hasta un libro de poesía para fines comerciales, ya no serían considerados un delito y quedarían únicamente con una simple sanción económica que va de 1 a 500 salarios base. Esta cifra es baja para grupos de falsificadores, para quienes incluso podrían considerarse simples “costos de operación””.

En respuesta, el “Movimiento Fotocopiando para Estudiar”, presentó el “Comunicado de prensa del Movimiento Fotocopiando para Estudiar, sobre la posición de AmCham y CAMTIC” en donde además de contar el proceso de debates y discusiones que tuvo el proyecto de Ley 17342 antes de ser aprobado, contrario a lo que pasó con la reforma a Ley 8039 (Ley que las Cámaras defienden) que fue aprobada en el 2008, “en menos de un año, y bajo una fuerte polémica por supuestas irregularidades en su procedimiento”, argumentan que el proyecto aprobado “contempla un equilibrio real entre los derechos de autor, el acceso y la difusión de la información, conocimiento y cultura para fines educativos” y le solicitan a la presidente, “ser responsable, coherente y consecuente” con la decisión de los diputados y con las “necesidades colectivas de la sociedad costarricense”.

El caso de “Fotocopiando para estudiar” pone sobre la mesa un debate pertinente en una región en donde las fotocopias se han convertido en la herramienta fundamental del proceso educativo y cuya ilegalidad generalizada es parte fundamental de las leyes de propiedad intelectual. Pero, sobre todo, cuestionan la legitimidad de proyectos de ley que no consultan a la sociedad. Cuando no hay procesos de consenso social, en temas legales que ya son objeto de debate en la sociedad, el proceso se puede polarizar fácilmente y se dificulta escuchar las razones y argumentos de los diferentes interesados.

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