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El nuevo santo grial viene de Europa, controlar el contenido en Internet

Una versión corta de este texto se publicó en El Espectador enfocada en el tema de Fake News.

Por Carolina Botero

La agenda europea para regular los contenidos que circulan en la red avanza. En marzo se aprobó la Directiva de derecho de autor, que busca evitar que circulen contenidos protegidos; hace poco se aprobó la legislación que obliga a las plataformas a retirar contenido terrorista en una hora; y ahora están lidiando con los efectos de su plan para evitar “fake news” en las próximas elecciones para el parlamento europeo.

Regular contenidos no es fácil. Es cierto, internet empeora lo que es peligroso y oscuro en nuestra sociedad, pero también reconozcamos que mejora y potencia lo que es bueno y decente en ella, nos da voz. Por tanto, la regulación está obligada a lograr un balance que no es fácil. El remedio puede ser peor que la enfermedad.

Las dos primeras regulaciones –derecho de autor y terrorismo– van camino a convertirse en leyes nacionales a partir de las directrices europeas. La tercera, la que busca combatir la desinformación, no es una regulación formal. Es un plan que propone, entre otros, mecanismos de autorregulación para las grandes plataformas.

Los riesgos que el control de contenidos tiene para el ejercicio de derechos humanos son múltiples, empecemos indicando que estas regulaciones están desplazando el rol de los jueces; las empresas privadas son las que van a moldear internet a futuro y tendrá un papel aún más protagónico sobre lo que podremos o no publicar allí. Pero, además es importante recordar que afectan sobre todo a la libertad de expresión. Hay una delgada línea roja entre una medida que busca controlar abusos y la censura.

Una de las principales críticas a  la Directiva de derecho de autor es que impone un control previo de contenidos que se torna fácilmente en censura previa. Todas las plataformas –con una excepción mínima por tres años para empresas nuevas y muy pequeñas – deberán instalar filtros automatizados antes de publicar contenido generado por las personas. Es decir, los contenidos serán revisados por robots para determinar si está protegido o no por el derecho de autor, y con base en esta revisión permitir o no su publicación.

Ya hay ejemplos de afectaciones a la libertad de expresión usando el mecanismo de protección al derecho de autor. Sucedió por ejemplo durante la presidencia de Correa en Ecuador, la ley gringa para retirar contenido protegido por derecho de autor se usó para sacar del aire contenido noticioso crítico. Es decir, se instrumentalizó la legislación de retiro de contenidos protegidos por derecho de autor para silenciar a sus críticos. Y, no para allí, parece que su sucesor y antagonista, Lenin Moreno está siguiendo prácticas similares según lo ha denuncia el medio digital ecuadorinmediato.com.

Entonces, imagínese el panorama si esto sucede antes de que se publique el contenido, como propone la nueva Directiva. ¿Cómo harán las personas y los medios, sobre todo los pequeños, para denunciar el silenciamiento en casos como este?

En la regulación contra el terrorismo, no se incluyeron los filtros automatizados previos porque aceptaron que son una amenaza para la libertad de expresión. Hay un reconocimiento de que el mecanismo no sería efectivo diferenciando el   contenido infractor del que no lo es. Un contenido puede ser violento, pero no ser terrorista. Es el caso del que denuncia un hecho para que no olvidemos, por ejemplo, la foto de la niña de Napalm.

Aunque no hay filtro, esta regulación impone a las plataformas un plazo de una hora a partir del momento en que reciben la orden de las autoridades y prevé multas de hasta el 4% del monto de las ganancias de la plataforma. Hay muchas críticas sobre cómo la medida da un plazo tan corto que –sin ser censura previa–  es un incentivo muy grande para que las plataformas sirvan de mecanismo de censura. Su tendencia será bloquear para evitar la sanción.

Finalmente, el plan para evitar la desinformación tiene sus propios riesgos, incluidos casos de inseguridad jurídica cuando choca con leyes nacionales, como se da en el caso de Francia.

Google, Mozilla, Twitter y Facebook, acogieron el plan, y van publicando sus políticas en la materia. Sin embargo, no todo ha sido color de rosas, recientemente para Europa Facebook lo hace mal y Twitter bien, en Francia es al revés.

La Unión Europea y los partidos políticos que presionaron y crearon el sistema están escandalizados porque la política de Facebook fragmentó el mercado único, creando reglas nacionales para los anuncios políticos.

Facebook desplegó para Europa una serie de requisitos para los anunciantes y anuncios políticos que ya había probado en Brasil y Estados Unidos. Por ejemplo, los anunciantes deben registrarse y ser autorizados por la empresa en cada país donde quieren anunciar y cada anuncio debe ir acompañado de avisos de transparencia que incluyen quién paga y los datos de contacto. Para muchos estos requisitos rompen la unidad europea, y hacen mucho más costoso y engorroso manejar una campaña.  La solución para quienes quieren hacer campañas transeuropeas, por ejemplo la propia comisión que despliega campañas animando a la gente a votar, no pasa por desmontar el plan, sino que se cocina una excepción para la Comisión y para los partidos.

Paralelamente, Macron, especialmente preocupado por la forma como las redes sociales pueden ser usadas para manipular elecciones, impulsó en Francia una legislación con estrictos requisitos de transparencia para las plataformas digitales con respecto al contenido patrocinado durante periodos electorales. Curiosamente y con base en esa ley, recientemente Twitter rechazó la campaña política del Gobierno #OuiJeVote (#SiYoVoto), que animaba a la ciudadanía a registrarse a votar para la próximas elecciones europeas.

Twitter rechazó el patrocinio porque no sabía cómo incluir en su plataforma los requisitos de transparencia que exige la ley. Así que, para no violarla, prefirió marginarse de participar en el mercado de anunciantes de estas elecciones.

La ley francesa obliga a las plataformas a requerir transparencia de la financiación para cualquier contenido político patrocinado durante los tres meses anteriores a las elecciones en Francia. Las plataformas deben indicar quién es el patrocinador y cuánto gastó.

El Gobierno no cree que la ley le haya jugado en contra. Entiende que el problema está en que una una plataforma no quiera cumplir, y se pregunta cómo otras sí pueden hacerlo haciendo un aparente guiño a los requisitos desplegados por Facebook. Twitter y el Gobierno francés lo discutieron, y todo indica que Twitter hará una excepción y va a permitir la campaña del gobierno francés.

Durante el próximo mes veremos qué tan exitosas son las medidas para combatir la desinformación. Pero, si la forma de gestionarla es a través de excepciones que se pactan entre los grandes poderes (políticos y empresas), lo que de antemano queda claro es que esta gestión afecta la libertad de expresión y las personas son las que pierden la voz pues la asimetría es evidente. Una afectación desproporcionada que deberemos analizar a este lado del charco cuando nuestros políticos se inspiren en lo que pasa del otro lado.

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