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¡Hoy votan con urgencia la Ley de Modernización TIC!

Por Carolina Botero y Víctor Saavedra

Este es el nombre que tiene la iniciativa legislativa del Gobierno que busca reformar uno de los sectores más importantes de la vida democrática de un país, el que facilita las comunicaciones entre las personas, el sector de las TIC. Este que es el garante y promotor del ejercicio de muchos de nuestros derechos. A pesar de ser tan importante, el Gobierno del Presidente Duque ha decidido abordar esta reforma tan necesaria y que, de hecho, nos deben hace décadas, con pañitos de agua tibia y de afán.

El proyecto fue presentado al Congreso hace un par de meses y hoy será votado por las comisiones sextas conjuntas de Senado y Cámara. Tiene trámite de “urgencia” que es promovido por el propio Gobierno bajo la falacia de que llevamos años discutiendo el tema. Sin embargo, la versión del Gobierno Duque no tiene que ver con la de Santos, y su falta de discusión ha generado importantes vacíos y problemas que el afán no deja ajustar apropiadamente.

Desde Karisma, hemos alertado sobre el hecho de que el proyecto de ley crea un regulador convergente que deja por fuera al espectro, que no logra independizarse del Gobierno y al que no se le dan facultades de inspección y vigilancia. El protagonismo del ejecutivo se  mantiene tanto en el ente que se crea (que reúne a ANTV y CRC) como en el sector. El proyecto de ley se concentra en la infraestructura de las TIC y por eso se presenta como una regulación técnica. Sin embargo, olvida que la infraestructura sirve para transmitir contenidos y conectar personas. Pareciera que esos elementos fueran desconectados y no quiere abordarlos integralmente.

Ante la complejidad del proyecto y adoptando una posición propositiva en lo que es el foco del mismo, la infraestructura, en Karisma decidimos concentrar nuestros esfuerzos y energía en hablar de una ausencia importante del proyecto de ley: las redes comunitarias. ¡Siga leyendo y le contamos lo que pasa!

Doce preguntas y respuestas para entender por qué no puede haber modernización TIC sin redes comunitarias

  1. ¿Cuál es el problema?

Con este proyecto de ley, el Ministerio TIC se propone dos cosas:

  1. Cerrar la brecha digital, un abismo que mantiene desconectados y por fuera de la cultura digital a grandes franjas de población, lo que contribuye a la desigualdad en el país.
  2. Promover la inversión en la última milla, es decir, que las empresas inviertan en infraestructura para conectar a las poblaciones más apartadas y abandonadas. Porque, afirma la Ministra, “el reto es conectar a todos los colombianos”.

¡Tienen razón! En 12 departamentos de Colombia, la velocidad de internet es entre 60 y 100 veces más lenta que en Bogotá. En promedio, solo el 10.7% de la población tiene acceso a una conexión fija, excluyendo a Medellín y Bogotá. La segregación digital afecta a un tercio del país, donde todavía es evidente la falta de infraestructura de la red. El aislamiento digital es especialmente grave en regiones como la Amazonía, que tiene una de las conexiones más lentas y en donde solamente el 2.5% de la población está suscrita a la red. En los departamentos de Guaviare, Guainía, Caquetá, Amazonas, Putumayo y Vaupés la velocidad de descarga es 60 veces menor que en Bogotá y la subida es 80 veces más lenta.

Sin embargo, las medidas que se proponen para tal fin no son suficientes. El texto se olvida de las personas, de su papel activo en la comunicación e información, y mantiene la visión del sector TIC como una esfera lejana e inalcanzable, en la que solo existen grandes operadores y proveedores. Se priorizan los incentivos a grandes empresas y se ignora el papel de la ciudadanía, sin la que es imposible cerrar la brecha digital. Nos preocupa que no se llega al fondo del problema y que un proyecto de ley que se dice de “modernización” es en realidad la actualización de un sistema obsoleto.

  1. ¿Cuál es el modelo que propone el proyecto de ley?

La visión del proyecto de ley es que el mercado proveerá, con los incentivos apropiados, la conexión de última milla a los consumidores que están esperando esa conectividad. Mantener esa visión unidimensional del problema nos condena como colombianos y colombianas a esperar a que los grandes proveedores decidan conectarnos para consumir lo que ellos crean que es relevante para nosotros.

La última milla es la primera para muchos colombianos y colombianas. Lo que este proyecto de Ley y los grandes operadores ven como lejano y costoso, es para los habitantes lo primero, lo más cercano y lo necesario.

  1. ¿Cuál es la alternativa?

Modernizar el sector TIC es hacer uso de todo el potencial de las TIC, escuchar a las instancias internacionales como UIT y CITEL (OEA), aprender de los vecinos. Existen iniciativas exitosas en Argentina y México que han sido facilitadas por regulaciones que las reconocen y respetan. Todo esto apunta a que la ciudadanía puede ser

  • parte activa de las TIC,
  • contribuir al cierre de la brecha digital creando redes y
  • producir contenidos que les sean relevantes tanto desde lo local como en relación a lo nacional e internacional.

Durante un taller organizado por Karisma con el apoyo de Colnodo nos reunimos con organizaciones y personas que trabajan en redes comunitarias, elaboramos una carta en la que se plantea al MinTIC lo que quedó por fuera del proyecto de ley y el problema de las redes comunitarias.

  1. ¿Acaso esas redes no usan el espectro libre? Si es así no necesitan regulación

Es cierto, actualmente se pueden establecer redes a pesar de que no están reconocidas en la ley utilizando por ejemplo el WiFi. Eso no cambia con el proyecto de ley.

Sin embargo, usando la metáfora del proyecto de ley, la última milla sin duda es problemática porque las barreras para conectarla son reales. Las condiciones de aislamiento de estos territorios hacen especialmente complicada la conectividad, ni siquiera es posible garantizar el suministro eléctrico de calidad por ejemplo, por eso se requiere que el marco legal colombiano promueva específicamente a las redes comunitarias como parte del uso socialmente eficiente del espectro y como apuesta para el cierre de la brecha digital que les permita aprovechar los espacios no licenciados del espectro e incluso regular los ociosos.

La regulación obligaría a contemplar excepciones que incentiven y promuevan la existencia de estas redes y den cuenta de la diferencia entre una oferta comercial y una con las características de las redes comunitarias. También podría incluir mecanismos innovadores y modernos de licenciamiento diversos. Por ejemplo, licencias con fines sociales (como sucede en México), licencias experimentales (fue la forma como México empezó, se ha desarrollado en India y que la ANE está trabajando actualmente pero que debería ser reconocido expresamente en la ley), créditos para subastas del espectro (como sucede en EE.UU.) y también puede eximir de licencias a los usuarios sociales (como pasa en Brasil).

Hoy en día, además de las barreras que enfrentan por las características de aislamiento de sus territorios, estas redes no cuentan con el apoyo del gobierno, no cuentan con un marco legal que les facilite su desarrollo.

  1. Pero, ¿acaso no es suficiente el criterio de la maximización del beneficio social que incorpora el proyecto de ley?

Sí, desde la versión original el proyecto de ley incluye este criterio y es ese criterio el que da la oportunidad de incluir a las redes comunitarias en el ecosistema. Ahora bien, por desgracia, la maximización del beneficio social no solo no queda claro qué significa en la norma, sino que en la ponencia radicada en el Congreso que se votará hoy esa maximización estaría sujeta a una valoración económica previa (parágrafo 3 del artículo 8 en la ponencia).

Así, la valoración económica y no el interés social son los principales motores del proyecto de ley.

  1. De otra parte, el proyecto de Ley prevé las “bandas exentas del pago de contraprestaciones entre otras para programas sociales del Estado y la ampliación de cobertura en zonas rurales.” (artículo 8 PL).

Esa es otra forma de incorporar las redes pero genera realmente más preguntas que respuestas acaso ¿Eso significa que el papel de la ciudadanía, su desarrollo a través de redes y su autodeterminación en la producción de contenidos solo se puede desarrollar a través de programas sociales del Estado? ¿Entonces, cuando emprendemos en TIC somos un programa social?

El proyecto de ley tiene destellos de lucidez en el que reconoce la importancia del interés público, de la dimensión social y pareciera abrir campo a tratos diferenciales, sin embargo su visión de mercado y de las personas como consumidoras, no es adecuada ni es suficiente.

  1. ¿Cómo puede mejorar el proyecto de Ley?

El proyecto de ley debe reconocer que el ecosistema TIC es amplio y que la importancia de cerrar la brecha digital obliga a que todos los actores aporten, por tanto no puede privilegiar un modelo de conectividad, debe favorecer y apoyarlos a todos. Esto puede hacerse con 4 estrategias:

  1. Reconociendo la existencia de iniciativas de conectividad ciudadana y comunitaria sin ánimo de lucro: las redes comunitarias.
  2. Permitiendo distintos usos de espectro, promoviendo un acceso más equitativo a un sistema de licencias flexibles.
  3. Promoviendo la conectividad con velocidades simétricas, hoy en día podemos ver completo un vídeo en Youtube gracias a una muy buena velocidad, pero subir un video nuestro nos toma mucho más tiempo, lo que limita la diversidad y relevancia de los contenidos, promueve el consumo y no la producción de contenidos.
  4. Incluyendo criterios sociales a la par de los criterios económicos que ya la norma incluye como fundamento de la regulación de las TIC.
  1. ¿Cuáles son los estándares internacionales en este tema?

La Unión Internacional de Telecomunicaciones, el máximo organismo en la materia de Naciones Unidas, dice que han de tenerse en cuenta a los pequeños operadores sin ánimo de lucro y regular en consecuencia aprovechando los avances tecnológicos (Recomendación UIT-D 19). La Comisión Interamericana de las Telecomunicaciones, equivalente en la OEA, llama a identificar buenas prácticas normativas y en políticas públicas para ello (Resolución 268 CITEL).

El proyecto de ley en varios apartes insiste en que se basa en estándares internacionales, le falta entonces incorporar como mínimo estas dos.

  1. ¿Hay experiencias en otros países de nuestro entorno?

Argentina reconoce directamente en su regulación la existencia de redes comunitarias. México establece un sistema de concesiones de uso social, tanto comunitario como indígena, que promueven la participación directa de la ciudadanía. En este país, la reserva de parte de la banda de celular dio lugar a la primera red de telefonía celular indígena en el mundo que, de forma pionera, logró prestar de manera sostenible servicios de telefonía en localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 3 mil habitantes (tomado de “Redes por la Diversidad”).

Entonces… ¿Qué podemos hacer?

Las comisiones sextas conjuntas de Senado y Cámara sesionan hoy a partir de las 10am para votar este proyecto de ley. Ayúdanos a explicarle a las y los congresistas por qué decimos #NoSinRedesComunitarias, por qué insistimos en que sin ellas no hay #ModernizaciónTIC, y que si no las incorporan es mejor decir #ChaoLeyTIC.

Pueden dirigir sus mensajes a los congresistas de estas comisiones:

@LeonFredyM

@Wilmerlealp

@PizarroMariaJo

@AmandaRocioGon1

@zabaraing

@AnyMarCas

@catrujillog

@HoracioSerpaJ

@IvanAgudeloZ

@JhonyBesaileF

@AntanasMockus

@Leonidasgomezg

@jonatantamayop

@RodrigoRojas

@DiegoPatinoA

@estebanquincar

@miltonhav

@karinarojano105

@AquileoMedinaCR

@RaigozaMonica

@Marthavillalbah

@emeterio_montes

@apecuello

  1. ¿Qué es la última milla?

Es una metáfora. Supone que las redes se construyen desde los grandes proveedores y van recorriendo camino, millas, hacia la ciudadanía, que espera pacientemente. En Colombia, lo que era fácil conectar ya está conectado. Ahora el reto es cubrir territorio más alejado y con menos habitantes (donde no hay un mercado comercial), por eso hablan de la última milla.

Para nosotros, la metáfora refleja un modelo obsoleto. Por eso insistimos en la necesidad de cambiar el paradigma para abordar ese reto: la última milla de Gobierno y operadores es de hecho la primera para la ciudadanía y para las regiones. Reconocer eso es modernizar el sector TIC y buscar soluciones innovadoras. No hacerlo es quedarnos patinando en una aproximación que ya tiene poco para ofrecer porque estas comunidades no representan un mercado para el sector TIC.

  1. ¿Qué es una red comunitaria?

Isoc define una red comunitaria como “la infraestructura de telecomunicaciones implementada y operada por un grupo local con el fin de satisfacer sus propias necesidades de comunicación. Son el producto de personas que trabajan mancomunadamente, combinan sus recursos, organizan sus esfuerzos y se juntan para achicar la brecha de conectividad y cultural.”

Es decir, son las redes que desarrollan las comunidades. Son redes privadas, gestionadas desde lo local, sin fines de lucro, que buscan reducir la brecha digital y ofrecer contenidos y servicios de calidad y de relevancia local, en el mundo se conocen como Redes Mesh o Community Networks y son iniciativas que promueven la apropiación social de la ciencia y las tecnologías allá en el territorio que la gente habita, en su primera milla de interés, eso que para el gobierno y las grandes empresas es lejano, es la última milla, es un problema.

  1. ¿Cuál es la importancia de una red comunitaria?

Son muchos los beneficios que se derivan de apoyar esta conectividad. La red comunitaria crea la infraestructura necesaria para desarrollar localmente comercio electrónico, para apoyar educación y salud en la que se integran componentes de nuevas tecnologías digitales.

Se trata de conectar y comunicar a poblaciones que están siendo marginadas permitiéndoles desarrollar su propio comercio y empoderando a la ciudadanía para hacerse cargo del ejercicio de sus derechos. Eventualmente esta red se integrará a internet, pero incluso si no lo hace soluciona sus necesidades de comunicación local y permite a esas personas acceder a la tecnología como facilitadora en el ejercicio de derechos.

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