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La vigilancia de las comunicaciones en Colombia se mueve en las sombras

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  • 8 septiembre, 2015
  • by Fundacion Karisma
  • esperanza, hacking team, Privacy International, PUMA, SIGD, vigilancia masiva,
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Aparte de las herramientas de vigilancia masiva que tienen la DIJIN y la DIPOL, existen otras de orden táctico, es decir, que interceptan el dispositivo de comunicación mismo y que tampoco están autorizadas por la ley. La primera es el viagra band youtube IMSI Catcher, que es un equipo que pueden engañar a los teléfonos celulares de un área específica haciéndose pasar por torres de comunicación. De ese modo, el IMSI Catcher se pone entre el celular y la torre y puede interceptar, falsificar o impedir una llamada o mensaje de texto. Según el informe, la DIPOL adquirió el IMSI Catcher “Laguna” de la empresa Spectra Group por más de 900 millones de pesos.

Los productos y servicios que ofrece la compañía italiana peut on acheter du viagra sur le net Hacking Team también son considerados herramientas tácticas, pero sobre eso se ha escrito con detenimiento en otras partes. (Ver “El PUMA no es como lo pintan” de Carolina Botero y Pilar Sáenz y “El hackeador hackeado” de Vivian Newman).

Ante tantos sistemas, escándalos y leyes, hay que recordar que la facultad legal para interceptar comunicaciones es excepcional porque es esencialmente una violación al derecho fundamental a la intimidad. Ese carácter excepcional explica que, por lo menos formalmente, solo se puedan interceptar, por un tiempo limitado, las comunicaciones privadas por orden de la Fiscalía y para recopilar pruebas en medio de una investigación criminal. Además, para que la interceptación sea legal, debe pasar por control judicial.

Tal como están las cosas, si las autoridades usan todas las capacidades que el informe revela que PUMA y el SIGD tiene, claramente, exceden lo que permite la ley. Estos sistemas de vigilancia masiva, es decir, la que pone a todo el país bajo sospecha e invade la privacidad de todas las personas para ‘pescar’ los crímenes de pocas, no tienen respaldo constitucional.

Cuando se recuerdan casos como los mencionados al inicio de este artículo, para cualquiera puede ser fácil simpatizar con medidas que prometan más seguridad. Sin embargo, PUMA o el SIGD tienen la capacidad de ir no solo contra posibles criminales sino contra toda la población, de ahí que resulte peor el remedio que la enfermedad.

No se puede olvidar que la seguridad se protege porque es un conjunto de condiciones que permite el ejercicio de derechos. Si las personas periodistas son amenazadas por hacer su trabajo, ¿dónde queda el derecho a la información? Si por miedo a que nos identifiquen no participamos en una marcha pacífica, ¿dónde queda el derecho a libertad de expresión, de conciencia y de asociación? Si para escapar de la vigilancia no nos atrevemos a hacer una búsqueda en internet, ¿dónde quedan, por ejemplo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad o a la educación?

Lo que revelan los informes de Privacy International y el grave historial de abusos que tiene Colombia es principalmente la necesidad urgente de hacer todo lo necesario para poner la vigilancia de las comunicaciones al servicio de la democracia, no de la seguridad.

*Investigador de la Fundación Karisma.

** Banco de imágenes libres. Fundación Karisma. CC BY SA

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