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Por, opensourceway

Por, opensourceway

Analizamos el caso que ha causado impacto en redes sociales y en los últmos días en medios de comunicación sobre la desaparición de contenidos de la pasada alcaldía. Aquí algunos comentarios del equipo de Fundación Karisma al respecto.

Creemos que la acción de la actual administración va en contra del principio de divulgación proactiva, que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. El derecho al acceso a esta información no se limita a la obligación de entregarla cuando les sea solicitada. También de publicar y divulgar documentos sobre la actividad estatal o que sean de interés público. Impedir el acceso a un material que ya estaba publicado es deshacer el trabajo de divulgación que se había realizado e imponer, una vez más, la carga a la ciudadanía de solicitar esa información.

Pero, más allá de la violación a la ley, “ocultar el pasado” es antidemocrático, ya que va en contra de los esfuerzos de legitimación de las memorias de la sociedad. Constituye un mal ejemplo de la Alcaldía con el manejo de la información y la memoria audiovisual que también pasa por plataformas como Youtube, a la cual accede una parte significativa de la población. si bien Youtube no “puede considerarse repositorio oficial de información del Estado”,  sí sirve para cumplir la obligación de divulgar proactivamente la información de interés público. Para satisfacer el derecho al acceso a esa información, las plataformas privadas como las públicas son igualmente efectivas.

Esta acción sienta un mal antecedente. Hoy la discusión es para eliminar las referencias en la cuenta de la Alcaldía sobre Gustavo Petro. Mañana podrá ser el sucesor de Peñalosa quien elimine las referencias a la actual Alcaldía. El resultado, sin embargo, es que a la ciudadanía se le pone un obstáculo para acceder a esa información e incluso se la obliga a solicitarla cuando ya era pública. Si lo que se quiere es discutir el papel de las plataformas privadas en este campo, se debe reconocer que los actos administrativos, de hecho, ya pasan por manos de privados.

En el caso de las cuentas de Twitter o Facebook de los alcaldes, es peor, pues, sobre ellas no quedan archivos públicos y, sin embargo, se toman incluso decisiones administrativas. Ciertamente, este tema merece una discusión más profunda. ¿Podemos darnos el lujo de perder la historia de las actuaciones de nuestros mandatarios porque ocurren en plataformas privadas? En todo caso, sea cual sea la razón para que los videos no estén en Youtube, como mínimo, la Alcaldía debería, por transparencia, notificar a la ciudadanía y enlazar al sitio donde quedarían disponibles. Esa mínima buena práctica (que en todo caso la ciudadanía puede cuestionar) no se tuvo en cuenta por la administración actual.

También debemos mirar estas acciones bajo la idea de  la libertad de prensa y el libre acceso a la información. Pronto publiacremos más comentarios sobre el tema.

*Estas líneas fueron inicialmente publicadas en el artículo “Petro, Peñalosa y el choque por ocultar videos en Youtube”  de la periodista Susana Noguera Montoya.

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