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Reflexiones para el día de la democracia

Por Pilar Sáenz

Parece ser una frase de cajón esa idea de que para las democracias la institución política más importante es el Sistema Electoral y algo de razón habrá detrás de esta afirmación.

Al final de cuentas, la idea de la democracia precisamente se basa en la capacidad que tienen los ciudadanos de elegir a las personas que los representan tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, en el orden nacional, departamental o municipal.

Sin embargo, aún y a pesar del título de ser una de las democracias más viejas de América Latina, Colombia no puede sacar pecho sobre sus méritos a la hora de las cifras sobre participación ciudadana en elecciones y sobre todo no debería desconocer los graves problemas de legitimidad asociados con el alto número de demandas a los procesos electorales.

Durante los últimos años, para quitar el manto de duda sobre los procesos electorales, el principal afán de la Registraduría Nacional del Estado Civil parece haberse centrado en entregar a la ciudadanía resultados preliminares de las elecciones rápidamente, el mismo día de los comicios, a muy pocas horas del cierre de los puestos de votación. Esta actividad se conoce en el país como “preconteo”. Esta idea de podernos ir a dormir tranquilos con la seguridad de que los resultados no cambiarán intempestivamente al siguiente día es en buena medida la razón por la que la Registraduría es una de las instituciones que aparecen como más confiables  para la ciudadanía. Sin embargo, en una revisión a fondo la realidad es un poco diferente.

Nuestro acercamiento más profundo al tema de elecciones se ha realizado en el último año, cuando Karisma comenzó a apoyar a la Misión de Observación Electoral -MOE- para la construcción de un protocolo de auditoría para el software de escrutinio. Durante la primera reunión con la MOE aprendimos que ese mecanismo que generaba tanta confianza, el preconteo, no tiene ninguna validez legal, solo es informativo. En Colombia el único mecanismo que realmente es válido, es el escrutinio. Este es un proceso lento, aunque se usa tecnología en cada una de sus etapas, y en general es un procedimiento sin los controles adecuados.

Durante los siguientes meses nos sumimos en la tarea de entender el contrato por el cual la Registraduría pedía el desarrollo del software de escrutinios y de paso comprender cómo se hacía en la práctica este proceso y los vacíos que dejaba.

Por eso no fue para nada una sorpresa cuando meses después, en febrero de 2018, apareció la noticia de que el partido MIRA había ganado una demanda y por orden del Consejo de Estado debían devolverle 3 curules que habían perdido en 2014. Cuando empezamos a leer la sentencia nos dimos cuenta que aquello que nos temíamos ya había pasado y este proceso lo había probado. Se había demostrado que el software de escrutinio había sido manipulado, que habían ingresos no autorizados al sistema, que los datos pudieron haber sido alterados y que debido a la falta de control y garantías para el seguimiento del proceso tecnológico era imposible conocer la magnitud de la manipulación.

Ya con el protocolo para la auditoría del software en la mano, lo más frustrante fue saber que era imposible de aplicar, el tiempo no alcanzaba. Las elecciones de 2018 ya estaban muy encima y lo peor es que al ser un servicio contratado con un privado, las actividades y entregables que no estuvieran pactados de antemano no se podrían exigir, por importantes o buenas ideas que fueran.

En ese punto nos enfocamos en apoyar a la MOE para pedir, por lo menos, que se pudieran auditar los resultados, que durante el escrutinio se tuviera acceso a la información y que éste se hiciera de forma oportuna, completa y oficial. No fue algo fácil pero en esto sí se avanzó. Además hicimos el  ejercicio de explicar las complejidades de cómo se cuenta nuestro voto.

Pasada la primera tanda de elecciones, nos queda un año de cara a las elecciones departamentales y municipales de 2019. De nuevo con la MOE nos estamos planteando preguntas ambiciosas, si es que la auditoría sigue siendo un imposible: ¿Cuáles son los software que se contratan para apoyar todo el proceso electoral? y ¿cómo podemos hacer que este proceso sea más garantista, tenga más controles y facilite el seguimiento?

Desde la inscripción de cédulas de los votantes, hasta el escrutinio, pasando por la selección de los jurados de votación o el mantenimiento de la base de datos de la División Política preliminar que contiene el potencial electoral de hombres y mujeres habilitados para votar, todas estas actividades usan software de terceros que una y otra vez es contratado por la Registraduría al sector privado.

Hemos identificado por lo menos 7 contratos en los últimos 5 años donde se pide el desarrollo de programas centrales para el ejercicio de nuestra democracia. Hasta ahora empezamos el análisis a fondo pero nuestra primera conclusión es la más problemática: el proceso electoral en Colombia está privatizado.

En el día de la democracia queremos recordar la importancia de que sea el Estado y no los privados quienes tengan el control sobre las tecnologías utilizadas en el proceso electoral. Aun ante la imposibilidad de elaborar de forma propia todos los programas es necesario que desde el Estado se genere la experticia dentro de la misma Registraduría para no generar dependencia de los privados. Esta es una de las grandes tareas pendientes que merece ser discutida y tenida en cuenta en el proyecto de modificación del proceso electoral que hoy sigue su trámite en el Congreso.

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