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Tres peros a la Ley Lleras

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  • 11 abril, 2011
  • by Fundacion Karisma
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  1. En un estado de derecho sólo el juez tiene la competencia para restringir los derechos y libertades fundamentales; eso se llama reserva judicial. Por considerar este el más importante de los peros de la ley es el que mejor he expuesto, repito entonces: el proyecto de ley “invierte la presunción sobre la infracción. Hasta hoy es el interesado quien debe acudir al juez para solicitar protección cuando siente sus derechos vulnerados. Esto no es poca cosa, garantiza que sea un experto quien estudie las diferentes aristas. Esto cambiará para Internet, en Colombia bastará una reclamación de infracción a un proveedor de Internet (también llamado ISP por la sigla en inglés [Internet Service Provider]) para que éste proceda a retirar el contenido o desconectar el servicio al todavía presunto infractor (en la práctica tiene poco margen), el juez entra sólo después de la solicitud de restablecimiento. Sí, el texto contempla un reclamo justificado, pero desconoce que ese procedimiento puede colisionar con derechos de los usuarios, algunos de ellos fundamentales, como la libertad de expresión o la participación en política (Egipto o la Ola verde son ejemplo de que Internet convoca y facilita la participación ciudadana). ¿Por qué dejamos esa labor en un proveedor de servicio de Internet, cuando hasta ahora ha sido un asunto judicial?”
  2. Cualquier intromisión en los datos e información privada de las personas en Internet debe ser hecha por orden judicial y restringido su alcance. El propuesto art. 15 de manera correcta localiza la facultad de pedir información privada y confidencial de un usuario de Internet en el juez. Sin embargo no logra establecer a quién ni para qué, y falla por ahora con el cómo. Es trascendental establecer que solicitar información privada, y más aún confidencial, es una medida extrema, sólo para cuando no hay otra opción y es necesaria la información para establecer las bases de una posible infracción y su remedio. Esta información solo debe ser entregada por el proveedor de servicio de Internet al juez y exclusivamente para los efectos del procedimiento que adelanta. Algo tenemos que haber aprendido del escándalo del DAS. Y, dado que aun no tenemos ley de procesamiento de datos, que es la mencionada en el proyecto para garantizar el resto del cómo, habrá que establecer qué pasará mientras tanto.
  3. La obligación que se impone a los proveedores de servicio de Internet de establecer un esquema contractual para desconectar a los infractores reincidentes choca también con la idea de que el único facultado para esto es el juez. Esta disposición amplia aún más el poder de los ISP en la decisión sobre acceso a Internet y, a pesar de lo que se ha dicho en contra, abre la puerta para que una página sea cerrada completamente (la desconexión del servicio de alojamiento de contenido a un reincidente tiene, por ejemplo, ese efecto).

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1 Comments

JUESAN 144
Comparto que la ley debe quedar clara en cuanto a q la información de los usuarios es por orden judicial, comparto que deben crearse mas limitaciones y excepciones para regular mas la cosa.... Pero si el isp no puede retirar a traves del proceso de notificación, entonces para que al ley. En EEUU existe ese procedimiento y nada a pasado, todo sigue igual, porque no creer en una medida mas eficaz... para que dejar esa primera acción en manos de una juez, para que se demore 50 años... y en relación a los contratos de los isp, pues si la persona piratea pues que sea castigada, pero si alguien utiliza bien internet nada le va a pasar, asi que nada de nervios con esas clausulas....

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