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El caso de Diego Gómez termina

¡Despedimos este año celebrando! El caso del biólogo colombiano Diego Gómez, que compartió una tesis por internet y enfrentó durante más de cuatro años un absurdo proceso penal en su contra por supuesta infracción al derecho de autor, finalmente terminó y el Tribunal de Bogotá nos dio la razón: Compartir No Es Delito.

Durante este tiempo en la Fundación Karisma apoyamos a Diego con una campaña que tomó distintas formas. Hicimos videos, cartas, charlas, cuñas radiofónicas, liberatones, infografías, ilustraciones, todo con el propósito de que la historia de Diego sonara fuerte y así llamar la atención sobre los desequilibrios existentes en las leyes de derecho de autor en Colombia y en muchos otros países del mundo.

A la campaña se sumaron organizaciones como EFF, Web We Want, Creative Commons, SPARC, Derechos Digitales, Right to Research Coalition, Open Access Button y Communia. Así como periodistas y columnistas colombianos y de la prensa internacional que escribieron sobre el caso. Miles de personas alrededor del mundo compartieron nuestro mensaje de apoyo al acceso abierto, y muchos aportaron a la campaña de crowdfunding que abrimos para cubrir los gastos de la etapa de apelación y amplificaron nuestra voz y la de Diego en internet, pero también con sus colegas y amigos cercanos.

Les agradecemos su apoyo y la fuerza que nos dieron para seguir adelante con la campaña y el proceso judicial.

¿Qué sigue?

El caso de Diego podría repetirse si no hacemos algo pronto. Por eso más de treinta académicos colombianos de distintas universidades del país firmaron una carta dirigida al Congreso de la República en la que proponen a los congresistas que ajusten el artículo 271 del Código Penal para que el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos se ajuste a los estándares internacionales de necesidad y proporcionalidad. La carta recuerda lo que le sucedió a Diego Gómez y pide que no se repita; que no se persigan conductas cotidianas del contexto digital y científico.

Con esta carta, los académicos buscan participar en el debate sobre la reforma al derecho de autor, dado que actualmente el Congreso estudia el proyecto de ley 146-17 del Senado que reformará el marco legal del derecho de autor en el país, como parte de los compromisos adquiridos por Colombia en el TLC con EE. UU. (Ley Lleras 5/2017).

En su columna en El Espectador, Carolina Botero explica más detalles sobre esta iniciativa.

Sobre este asunto, un dato muy importante es que el debate continuará en 2018, por eso la carta sigue abierta a firmas a través del correo: contacto@karisma.org.co

Una reforma al derecho que nos beneficie a todos. Lo seguimos intentando.

Desde el 2011, cuando conocimos la primera Ley Lleras, los intentos del gobierno del Presidente Santos para impulsar una reforma al derecho de autor en Colombia han fallado en todo, especialmente, en los escasos y pobres procesos de participación ciudadana y en la propia redacción de los proyectos de ley.

A pesar de estos antecedentes y con el ánimo de proponer un diálogo nacional y multisectorial en torno al nuevo proyecto que se discute en el Congreso y que tuvo su primer debate el pasado 5 de diciembre, un grupo de abogadas, lideradas por Carolina Botero de la Fundación Karisma, presentaron una serie de comentarios y propuestas de modificación al documento.

En el documento se hace referencia a la necesidad de fortalecer el sistema de flexibilidades al derecho de autor (fair use o fair dealing), a la importancia de consagrar un sistema para obras huérfanas que resuelva los problemas que actualmente enfrentan los archivos, centros de documentación, bibliotecas, etc. A la deuda vigente con las personas con discapacidad, pues Colombia no ha implementado el Tratado de Marrakesh, y tampoco ha propiciado un ejercicio participativo para hacerlo; entre otros temas que merecen discusiones amplias e incluyentes.

Esperamos que este documento, que recoge un análisis serio y comprometido con el interés público, sea una herramienta importante para que el Senado lleve a cabo un debate informado.

Un mensaje de Diego:

Así como celebramos el fin del proceso penal, también nos emociona contar que durante estos cuatro años Diego se hizo activista y terminó su Maestría en Conservación y Manejo de Vida Silvestre con una nueva bandera: la de promocionar el acceso abierto al conocimiento científico. Compartimos la última carta que nos envió desde Costa Rica y que está dirigida a todas las personas que también pensamos que #CompartirNoEsDelito.


Costa Rica, 15 de diciembre de 2017

Queridos amigos,

Hace poco más de 4 años recibí una llamada de la fiscalía, en la que me indicaban que se abría una investigación en mi contra, por presunta violación a los derechos patrimoniales de autor.

En ese momento, hice un recorrido por mi vida tratando de buscar cualquier falta o delito que mereciera los 8 años de cárcel que se prometían si me encontraban culpable. Luego de buscar detalladamente en mi vida, no encontré acciones ilícitas, por el contrario, todo lo había hecho por el bien común, sin hacerle daño a nadie. A pesar de estar seguro de mi inocencia, tuve que asumir los problemas de la legislación de derecho de autor en Colombia, y enfrentar a la fiscalía y al demandante.

Viví más de 4 años en medio de este difícil proceso penal, tan sólo por pensar que compartir conocimiento en internet sin ánimo de lucro, con fines netamente académicos y respetando la autoría  no podía ser considerado un delito. Sin embargo, gracias al apoyo de familiares, amigos, colegas y sobre todo al equipo de la Fundación Karisma, le hicimos frente a este proceso dejando claro que #CompartirNoEsDelito.

La campaña #CompartirNoEsDelito liderada por la Fundación Karisma, resonó en muchos lugares del mundo, llamó la atención de distintos sectores de las sociedad colombiana y logró integrar todo el apoyo necesario a nivel regional e internacional para enfrentar este proceso penal y lograr que me absolvieran de los cargos que se me imputaban. Un fallo a favor en primera instancia y la confirmación del Tribunal de Bogotá, me permiten hoy seguir en libertad con mis proyectos de vida, y ser parte de un gran precedente sobre la importancia de compartir el conocimiento y no criminalizar esta práctica.

En el curso de este angustiante proceso sucedieron cosas muy importantes en mi vida. Nació mi hermosa hija Lía, realicé una maestría en conservación de la vida silvestre, confirmé mi vocación como investigador y emprendí varios viajes con la bandera del acceso abierto. No ha sido nada fácil crecer como persona y profesional en medio de una situación tan estresante, pero decidí que el caso no iba a ser un lastre en mi vida, sino un motivo para crecer, para producir, para aportarle a los demás, para hacer todo lo posible porque nadie más pase por estos procesos injustos.

Estoy profundamente agradecido por el apoyo que distintas personas y organizaciones me brindaron durante este tiempo, especialmente EFF, Web We Want, Creative Commons, SPARC, Derechos Digitales, Right to Research Coalition, Open Access Button y Communia. También agradezco el gran trabajo de defensa que llevaron a cabo los abogados Germán Realpe, Claudio Zambrano y Luis Bernardo Alzate, y el técnico forense Daniel Torres.

Mis más sinceros agradecimientos van también para todas las personas que apoyaron la campaña de crowdfunding Compartir no es delito: Sharing Is Not A Crime, gracias a sus aportes pudimos pagar los costos de mi defensa. Gracias a los que crearon actividades para recoger fondos y a los que le contaron a sus amigos y familiares sobre mi caso. Sin todo el apoyo que recibí, no sé si hubiera tenido esta gran noticia hoy y no sé cómo hubiera soportado estos años de angustia e incertidumbre.

Aún tenemos un camino largo por recorrer para evitar que casos como el mío se repitan. Además de fortalecer el modelo de acceso abierto al conocimiento, que permite que los resultados de investigación científica estén disponibles para todas las personas sin barreras tecnológicas y legales.

Para quienes me leen en Colombia, en nuestro país es importante que la ley de derechos de autor se ajuste al estándar internacional que usa el derecho penal como último recurso y sanciona exclusivamente las acciones intencionales, con ánimo de lucro y a escala comercial.

Con el objetivo de llamar la atención del Congreso de la República sobre este tema, más de 30 académicos colombianos firmamos una carta que explica en detalle los problemas del uso del código penal para sancionar conductas cotidianas, propias del contexto académico que se desarrolla en entornos digitales. Actualmente, está en discusión en el Congreso el proyecto de ley 146-17 del Senado que reformará el marco legal del derecho de autor. Por ese motivo, la primera versión de la carta fue entregada al Congreso de la República hoy, 15 de diciembre de 2017, pero sigue abierta a firmas a través del correo contacto@karisma.org.co

De nuevo, mil gracias por todo su apoyo. Sigamos compartiendo el conocimiento, porque compartir no es delito.

Diego Gómez Hoyos.

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