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Dicen en Sudáfrica

En el marco de una investigación publicada recientemente por la profesora Laura Czerniewicz, le preguntaron a 1001 estudiantes sudafricanos sobre cómo acceden a los recursos educativos que necesitan, si alguna vez piensan en los derechos de autor y si piratean materiales educativos.

Dentro de los hallazgos de la investigación la profesora Czerniewicz resalta que:

mambo 36 tadalafil Los estudiantes están accediendo a estos recursos de forma legal e ilegal sin saber exactamente cuál es la diferencia. Muchos dieron respuestas contradictorias cuando se les preguntó por el porcentaje de recursos legales e ilegales que descargaron.

marcas genericos viagra Solo 1 de cada 5 estudiantes dijo que sus recursos educativos habían sido obtenidos de manera legal. Y el comentario “todos somos piratas” fue hecho en varias ocasiones.

Los estudiantes sudafricanos confirmaron un secreto a voces: descargar materiales y compartir archivos en línea es parte de sus actividades cotidianas y sus motivaciones tienen que ver con fines de aprendizaje, búsqueda del éxito académico y valores educativos, contrastando con lo que podría considerarse “acciones de piratería”.

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“¿Imaginen que en vez de ocultar los secretos del cáncer en revistas por suscripción -con bases de datos restringidas- decidimos que todo lo que sabemos sobre esta enfermedad esté abierto a todas las personas y así el mundo puede unirse en una campaña global para acabar el cáncer en nuestros días? Es una muy buena pregunta” dijo el Vicepresidente de los Estados Unidos hace un par de semanas, citando el artículo “Pagas por leer la investigación que financiaste” que el director ejecutivo de Creative Commons, Ryan Merkley, escribió para la revista Wired.

En su artículo, Merkley explica cómo funciona el sistema actual de publicación de resultados de investigación científica que ha sido financiada con dineros públicos y advierte “si no estuviera tan bien establecido, el modelo tradicional de publicaciones académicas sería considerado escandaloso”

El modelo tradicional, al que se refiere Merkley funciona así:

  1. Las universidades o los investigadores pagan a las editoriales para que publiquen sus artículos académicos o “papers”.
  2. Estos artículos necesitan ser revisados por pares académicos que son llamados por las editoriales, pero a estos investigadores, por lo general, no les pagan.
  3. Hasta aquí, las editoriales van ganando por dos goles.
  4. Pero además, los autores deben transferir a las editoriales los derechos patrimoniales de los artículos, es decir, los derechos de explotación de esos trabajos. Lo que los inhabilita, por ejemplo, a publicar sus artículos de manera autónoma en un blog personal, o incluso en el repositorio institucional de la universidad donde trabajan y que seguramente financió su investigación.
  5. Por lo general, los artículos son publicados en revistas cerradas, que cobran altos costos por suscripción.
  6. Las bibliotecas universitarias se unen en consorcios para pagar los altos costos de las suscripciones para que las personas puedan acceder al conocimiento que los investigadores de sus universidades han producido.
  7. Las 4 editoriales más poderosas del mundo, las universidades y bibliotecas y hasta el mismísimo Vicepresidente de los EEUU saben que no se trata de una paradoja, sino de un negocio en donde el interés público sale perdiendo.
  8. Como resultados tenemos un avance lento de la ciencia y un retorno pobre de la inversión pública. En otras palabras, una sociedad que se engaña a sí misma.

(Algunas referencias fueron tomadas del gráfico “Current research funding cycle” by Green. 2013)

La propuesta de Merkley es cambiar el sistema actual de circulación de la ciencia por uno en donde “toda la investigación científica financiada con dineros públicos sea compartida bajo una licencia permisiva, que le permita a los autores desbloquear sus contenidos y datos, para que sean reutilizados por una audiencia global y de esta forma se pueda cooperar en nuevos descubrimientos y análisis”. En otras palabras, acabar con el modelo codicioso de las editoriales, promover el avance colaborativo de la ciencia y democratizar, realmente, la educación.

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Cada año, las instituciones de educación superior en Inglaterra gastan más de £180m (229 millones de euros) en suscripciones a revistas cerradas. Y de esto, la mejor parte se la llevan cuatro editoriales what does viagra cost per pill Reed-Elsevier, viagra spray price in india Wiley-Blackwell, tadalafil 20 mg cheap Springer y generic cialis cheapest price Taylor & Francis.

Aunque han comenzado a explorar otros sistemas para la circulación de la ciencia, como pagar por la producción de los artículos y no por el acceso a los mismos, aún no es claro si estos cambios serán suficientes.

Y no es claro por una razón fundamental, dicen en The Guardian Jonathan Gray and Stuart Lawson: los datos públicos sobre quién paga qué, más allá de si es justo o no y qué recursos podrían estar disponibles a través de alternativas de financiación, son insuficientes, a pesar de que contamos con leyes de acceso a la información pública. “Estamos lejos de tener una imagen útil sobre el flujo del dinero a través del sistema de publicaciones académicas (…) lo que podemos decir hasta ahora, es que las mismas editoriales grandes que reciben la mayor parte del dinero por suscripciones están llevándose a casa la mayor parte del dinero por los pagos por producción” es decir, por la alternativa que mencionamos en el párrafo anterior.

Los investigadores insisten en que necesitamos una base de datos pública sobre los gastos en publicaciones académicas, no solo para entender el sistema actual, sino para cambiarlo.

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Que el biólogo colombiano Diego Gómez enfrenta un proceso penal que puede significarle de 4 a 8 años de cárcel, por supuesta infracción al derecho de autor y que hoy (3 de mayo de 2016) hay una nueva audiencia para que la defensa termine de presentar las pruebas.

Diego compartió en Internet la tesis de otro investigador, sin pedirle permiso, con las mismas intenciones que describieron los estudiantes sudafricanos: con un fin académico, para acceder a un conocimiento que le hacía falta y compartirlo con otros que también lo necesitaban. No hubo plagio, no hubo ánimo de lucro. Pero el derecho de autor en Colombia no sabe de Internet -la ley actual es de 1982- y sobre todo no sabe de compartir en Internet, pues la lista de excepciones y limitaciones que garantizan otros derechos como el acceso al conocimiento y la libertad de expresión resulta obsoleta frente a las prácticas culturales que emergieron con los ecosistemas digitales.

¿Qué hubiera pasado si la tesis que encontró Diego en Facebook y que reprodujo en scribd hubiera sido publicada originalmente en un repositorio de acceso abierto? Pues nada grave. Porque el acceso abierto permite copiar, usar y compartir los trabajos científicos sin restricciones de acceso, a texto completo, de forma gratuita, bajo una licencia libre y en Internet. En resumen, si el acceso abierto fuera la regla y no la excepción, el caso de Diego simplemente no existiría.

El sistema actual de circulación de la ciencia no solo es ridículo, como dijo Ryan Merkley, sino macabro y perjudicial para todos. Que cuatro editoriales tengan el control de lo que “es ciencia” en el mundo, da cuenta de un sistema peligroso y mentiroso, pues cada vez que publicamos en una revista cerrada por suscripción, por más prestigiosa que sea, nos estamos haciendo un autogol, porque después nosotros mismos o nuestros colegas van a tener que pagar para poder leer lo que ya financiamos.

Es hora de que empecemos a preguntar cuánto está pagando el Estado colombiano al oligopolio de las editoriales académicas, a través de las bibliotecas y las universidades en la suscripción a bases de datos científicas. A lo mejor, cuando nos duela el bolsillo, dejamos de preocuparnos por perseguir a nuestros científicos en casos desproporcionados y nos dedicamos a pensar en cómo cambiar el sistema.

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*Investigadora en temas de acceso al conocimiento en la Fundación Karisma. Líder pública de Creative Commons Colombia.  Tw: @julianitaquetal

 

NOTA: Este texto se publica como parte de las acciones de la campaña #CompartirNoEsDelito y se vincula con la socialización del informe Examinando los derechos y las libertades en Internet en Latinoamérica. EXLILA, que en el informe sobre Colombia presenta el caso de Diego Gómez.

EXLILA, es un informe de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) financiado por Open Society Institute (OSI) y APC y coordinado por la ONG Derechos Digitales.

 

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