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Las directrices de la OCDE, que el gobierno ha seguido al pie de la letra para ser parte de ese club, son claramente económicas: dosierung viagra “el riesgo digital debe ser formulado en términos económicos y sociales: pérdidas financieras, disminución de la competitividad, reducción de oportunidades, daños a la reputación, imagen o confianza, etc”. Por eso entramos en una nueva etapa en la vida de la política de seguridad digital: el CONPES 3854, que se propuso preparar a todo el mundo para asumir los riesgos de su actividad digital con el propósito ems generico do viagra “de contribuir al crecimiento de la economía digital nacional, lo que a su vez impulsará una mayor prosperidad económica y social en el país”. Mejor dicho, se trata de buscar cómo hacer de Internet una plataforma segura –de ahí lo de “seguridad digital”– cialis generico in farmacia senza ricetta wirkung 25mg viagra para hacer dinero, para hacernos ciber-ricos.

Como los traumas de la infancia son difíciles de superar, hoy la política tiene una fuerte crisis de identidad. Por un lado, le dice a todo el mundo que quiere hacer billete, pero se gasta lo que tiene en prepararse para la pelea. No sabe si ser un ‘buen muchacho’, un ‘hábil negociante’ o un militar en toda regla.

Miremos el presupuesto del CONPES: MinDefensa se lleva casi 15 mil millones de pesos en 2016. En los siguientes tres años se lleva 7 mil millones de pesos para un total de 37 mil millones. MinTIC recibe 8 mil millones el primer año y en los siguientes un promedio de 12 mil millones de pesos, para un total de 45 mil millones. La Dirección Nacional de Inteligencia se lleva 1.500 millones de pesos. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia, el de Educación y el Departamento Nacional de Planeación reciben cada uno en total menos de 500 millones de pesos.

contraindicaciones del viagra natural Hay varios problemas con este híbrido que tenemos hoy

Primero, mientras el gobierno estaba ansioso por saber qué tiene que hacer para entrar a la OCDE, en su casa los militares estaban chuzando las líneas de teléfono y hackeando los correos de las personas que están llevando el proceso de paz –Andrómeda–; sus contendientes políticos estaban contratando hackers para hacer toda clase de fechorías en redes sociales, extrayendo información importante para afectar el desarrollo de las elecciones –el caso de Andrés Sepúlveda–; y la Policía azotaba la vida de los periodistas que investigaban la corrupción que parece estar desbaratando a esa institución.  Al tiempo, se organizó en una ley lo que los organismos de inteligencia pueden hacer y se creó una comisión integrada por congresistas para vigilar las actividades de inteligencia. Hasta hoy esa comisión no ha podido hacer nada por culpa de muchas trabas burocráticas. En ningún momento el gobierno ha querido reconocer que kunnen vrouwen ook viagra gebruiken él mismo ha sido un factor de inseguridad digital y que, además, no está haciendo nada para solucionar ese problema.

Pasaron por alto también los ataques que reciben sectores sensibles de la sociedad como periodistas, jueces o activistas y cómo se cuentan esos ataques para las estadísticas. Por ejemplo, cuando a un periodista le roban el computador o su celular la Fiscalía usualmente considera que se trata de un robo simple, y no toma en cuenta la pérdida de la información que tenían esos aparatos o el hecho de que se trate de un acto de intimidación. Eso es como si cuando matan a una persona persiguieran al atacante por haberle hecho un hueco en la camisa a la víctima con la bala que la mató. Estos hechos no llegan a formar estadísticas que lea el gobierno y que quiera integrar en su idea de seguridad digital.

Además, el nuevo CONPES, que al final de este artículo ya será viejo, repite como Rihanna tantas veces la idea de la gestión compartida del riesgo que cualquiera podría sentir que al final no significa nada. Sin embargo, si tratamos de darle un sentido a esa expresión, pareciera que a la ciudadanía le asignan la misma carga de responder por su seguridad cuando es mucho más débil que el gobierno o las empresas. Esta miopía es producto también de la poca consideración que se tuvo de los aspectos no económicos de la seguridad digital.

Hace unos párrafos dijimos que la seguridad digital en Colombia es tarea de tres organismos. Ahora, si usted fuera la persona que estaba haciendo la investigación periodística sobre Andrómeda o la corrupción en la Policía, ¿a cuál de ellos acude si sospecha que le intervinieron el computador?:

  1. a) Centro Cibernético recreational use of sildenafil citrate Policial
  2. b) ColCERT
  3. c) Comando Conjunto Cibernético de las cialis tablets in islamabad Fuerzas Militares

¿Más pistas? (¿en serio?) ¿Al ColCERT? Mejor no. Aunque en abstracto es lo más parecido al cuerpo de bomberos en cuestiones digitales, hace parte del Ministerio de Defensa, por lo que, en últimas, en casos como cuando funcionarios públicos abusan de sus facultades y hackean computadores de la ciudadanía, no parece que esta sea la instancia más neutral para investigar y resolver el problema. Con todo y que en el CONPES se propuso la creación de más organismos de respuesta a incidentes de seguridad informática, estos grupos están pensados para los riesgos de cada infraestructura crítica, es decir, de los sistemas de agua, de transporte, de energía u hospitalarios.

En resumen, el gobierno ha ignorado un reclamo fundamental que venimos haciendo desde hace tiempo: la política de seguridad digital estará desbalanceada siempre que quiera aumentar capacidades defensivas, ofensivas, de investigación criminal e inteligencia sin reconocer que el abuso de esas capacidades ha hecho del entorno digital un lugar más inseguro para personas periodistas y opositoras, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general. Mientras el gobierno siga olvidando campantemente el escándalo de las Chuzadas, Andrómeda, el caso del hacker Sepúlveda, la vigilancia ilegal a Vicky Dávila y su equipo de trabajo, etc., los derechos humanos saldrán perdiendo.  Adicionalmente, en el contexto colombiano actual no es despreciable el riesgo para la seguridad digital de estas personas en relación con otros actores como crimen organizado, narcotráfico, paramilitares, etc.

Si se reconociera que esas capacidades son impensables sin controles igualmente fuertes, el CONPES de seguridad digital hablaría también de meter en cintura las herramientas de interceptación de comunicaciones o de crear instituciones no militares o policiales que puedan recibir reportes de ataques digitales a los sectores sensibles de la sociedad. Es decir, se tomaría en serio para todos los sectores de la sociedad la garantía del ejercicio de derechos humanos como la libertad de expresión o la intimidad en el entorno digital.

El CONPES no es una ley y por eso tiene que materializarse en reformas legales o nuevas leyes, en decretos, resoluciones y demás instrumentos. Por eso esperamos que en la implementación se tomen en cuenta nuestras observaciones para así poder acercarnos a un entorno digital más seguro, es decir, que permita a las personas el ejercicio libre de sus derechos.

Para conocer en detalle todo lo que dijimos antes de que saliera el CONPES y que el gobierno no tuvo en cuenta, vea el documento: Comentarios al CONPES sobre seguridad digital desde Sociedad Civil.

 

 

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